El Pleno del Congreso de los diputados aprobó ayer definitivamente la llamada Ley Sinde, que intentará poner coto a las descargas en la Red sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor. Sin embargo, el acuerdo, que ni siquiera convence a la mayoría de los protagonistas en conflicto - ni a los internautas, ni a la industria , que ve la nueva norma demasiado farragosa-, llega tarde para evitar que este año España esté entre los países señalados por el departamento de comercio de EE UU como nada recomendables para hacer negocios relacionados con la propiedad intelectual (cine, música, literatura...). Por quinto año consecutivo, la industria cultural estadounidense quiere que España esté en la temida lista 301 que se publicará en abril.
Junto a España, el documento coloca también a países como China, Rusia, Canadá, Italia y México. La consecuencia de volver a aparecer en las listas, se temen algunos, son las sanciones comerciales y la espantada de las empresas estadounidenses que trabajan en nuestro país. Para salir de la lista, los países afectados deben entablar negociaciones con EE UU y mostrar sus progresos. De hecho, tal y como mostraban los cables filtrados de Wikileaks y analizados por EL PAÍS, la embajada de EE UU decidió conocer de primera mano en Junio de 2008 lo fácil que era descargar contenidos protegidos en webs españolas.
Y así, mientras que desde el otro lado del Atlántico siguen viendo una bandera pirata ondeando España, en el Congreso de los Diputados se aprobaban ayer las enmiendas contenidas en la Ley de economía sostenible, también conocida como Ley Sinde, consensuada por los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP)
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